Ciudad de Panamá / Washington: Estados Unidos y cinco países latinoamericanos —Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago— emitieron el martes 29 de abril de 2026 una declaración conjunta condenando lo que describieron como "presión económica selectiva" de China sobre Panamá, luego de que Pekín intensificara las detenciones de buques de bandera panameña en sus puertos como represalia por la anulación judicial de las concesiones portuarias de la empresa hongkonesa CK Hutchison.
Según la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC), China ha detenido casi 70 buques de bandera panameña desde el 8 de marzo de 2026 solo, una cifra muy superior a los niveles históricos. La presidenta de la FMC, Laura DiBella, señaló que las inspecciones intensificadas "se llevaron a cabo bajo directivas informales y parecen destinadas a castigar a Panamá tras la transferencia de los activos portuarios de Hutchison." Datos de Lloyd's List Intelligence muestran que los buques graneleros y los de más de 15 años de antigüedad constituyen la mayoría de los detenidos, con armadores japoneses afectando al 39% de los casos pese a no tener participación en la disputa.
Antecedentes: la anulación del Tribunal Supremo de Panamá
La disputa se originó cuando el Tribunal Supremo de Panamá anuló en enero de 2026 los contratos que permitían a Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de CK Hutchison con sede en Hong Kong, administrar las terminales de Balboa y Cristóbal, ubicadas en ambos extremos del Canal de Panamá. La decisión coincidió con presiones del presidente estadounidense Donald Trump, quien desde su campaña electoral había acusado a China de ejercer influencia indebida sobre el estratégico canal interoceánico.
Tras la sentencia, el gobierno panameño designó a subsidiarias de APM Terminals (Maersk) y Terminal Investment Limited (MSC) como operadores portuarios interinos por 18 meses. En respuesta, la empresa estatal de navegación china COSCO suspendió sus operaciones en el Puerto de Balboa. CK Hutchison inició además un proceso de arbitraje internacional reclamando daños por más de 2.000 millones de dólares, acusando a las autoridades panameñas de una incautación ilegal de sus activos.
Reacciones y tensiones geopolíticas
El secretario de Estado Marco Rubio afirmó estar "profundamente preocupado" por la presión económica de China y declaró que Washington "se solidariza con Panamá", añadiendo que "cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza para todos nosotros." China, por su parte, acusó a Estados Unidos de "fabricar acusaciones" y de hipocresía, argumentando que Washington es quien interfiere en los asuntos internos de otros países.
El presidente panameño José Raúl Mulino reconoció el aumento en las intercepciones de buques panameños, aunque intentó minimizar su impacto calificándolo de "altamente técnico" y aseguró haber transmitido la "preocupación" de Panamá a las autoridades diplomáticas chinas. Analistas señalan que la disputa en el Canal de Panamá se ha convertido en el más reciente escenario de la rivalidad geopolítica entre Washington y Pekín en el hemisferio occidental, con implicaciones directas para el comercio global y la logística marítima internacional.
