Nueva York: El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, la política y abogada Cilia Flores, comparecieron el lunes 5 de enero de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York para declararse "no culpables" de los cuatro cargos que les imputa la fiscalía estadounidense: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer dichas armas. La audiencia, presidida por el juez federal Alvin K. Hellerstein, duró menos de una hora.
La comparecencia tuvo lugar apenas dos días después de la operación nocturna de fuerzas especiales estadounidenses que capturó a Maduro y a Flores en su residencia en la zona metropolitana de Caracas el 3 de enero de 2026. Al ingresar a la sala del tribunal, Maduro saludó con un "Feliz Año Nuevo" a los presentes. Fuera del edificio, contramanifestantes que portaban la bandera venezolana se congregaron en apoyo al exmandatario. La acusación formal, publicada el mismo día de la operación, describe a Maduro como el "gobernante de facto pero ilegítimo" de Venezuela y alega que desde 1999 coordinó el tráfico de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos en colaboración con el Cartel de los Soles, el Cartel de Sinaloa, la Segunda Marquetalia —sucesora de las FARC— y el ELN.
Los cargos y su alcance legal
Además de Maduro y Flores, la acusación involucra a cuatro coimputados de alto perfil: Diosdado Cabello Rondón, considerado uno de los hombres más poderosos de Venezuela y expresidente de la Asamblea Nacional; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior; Nicolás Ernesto Maduro Guerra —"Nicolasito"—, hijo del exmandatario y diputado de la Asamblea Nacional; y Héctor Guerrero Flores, señalado como líder del Tren de Aragua, banda designada como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado en febrero de 2025.
El cargo de narcoterrorismo, tipificado en el 21 U.S.C. § 960a, exige una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión, mientras que la conspiración para importar cocaína conlleva un mínimo de 10 años. Los abogados defensores de Maduro anticiparon que impugnarán tanto la jurisdicción del tribunal como la legalidad de la operación de captura, argumentos similares a los que planteó el general Manuel Noriega de Panamá en su proceso ante los tribunales estadounidenses en los años noventa.
Reacciones internacionales
La operación y el proceso judicial generaron condenas de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, que en una declaración conjunta calificaron las acciones militares de EE.UU. en territorio venezolano de "precedente extremadamente peligroso para la paz y la seguridad regional" y las declararon contrarias al derecho internacional. China y Rusia también rechazaron la operación. En Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez asumió el mando del gobierno e inició un proceso de apertura diplomática gradual con Washington, bajo el esquema de tres fases descrito por el secretario de Estado Marco Rubio: estabilización, recuperación económica y transición política.
