Bogotá: Diez años después de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC, uno de los ex comandantes guerrilleros está llevando a cabo una campaña electoral para obtener un escaño en el Congreso. Luis Albán, conocido en su época guerrillera con el alias Marcelo Cáceres, recorre municipios del Cauca con carteles de campaña y discursos sobre desarrollo rural, una imagen que hubiera sido impensable hace una década.
Su candidatura es un símbolo del largo camino recorrido por el proceso de paz colombiano, pero también de sus contradicciones. A los exmiembros de las FARC que aceptaron el acuerdo se les garantizan diez años de escaños especiales en el Congreso, que expiran precisamente en 2026. Muchos de ellos ahora buscan la reelección a través de los canales ordinarios de la democracia electoral.
El difícil camino de la reintegración
Ejecutar una campaña política como exguerrillero en Colombia conlleva riesgos. Más de 300 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo, la mayoría en zonas rurales donde el Estado tiene una presencia débil y donde facciones disidentes y otros grupos armados ilegales compiten por el control territorial. La Unidad de Protección Nacional asigna escoltas a las figuras más expuestas, pero los recursos son insuficientes.
El Consejo Político del partido Comunes, nombre con el que las FARC se convirtieron en partido político, reconoce que ganar votos es infinitamente más difícil que ganar batallas. La mayoría de los colombianos asocian el nombre de las FARC con décadas de violencia, secuestros y daño social. Reconstruir la credibilidad política desde ese punto de partida requiere tiempo, coherencia y resultados concretos en los territorios donde operan.
El equilibrio del acuerdo de paz a diez años
El Acuerdo de Paz de 2016 detuvo un conflicto armado que costó 220.000 vidas a lo largo de medio siglo. Sus resultados son mixtos: cerca de 13.000 combatientes fueron desarmados, se crearon zonas de reintegración y entrenamiento y los secuestros cayeron a mínimos históricos. Sin embargo, la implementación de reformas rurales, de verdad y de justicia transicional ha sido lenta, y los disidentes de las FARC y el ELN continúan operando en múltiples regiones del país.
