Managua: Nicaragua celebró elecciones municipales en marzo de 2026 bajo un sistema político que observadores internacionales califican de altamente restrictivo. El gobierno del presidente Daniel Ortega, quien lleva en el poder desde 2007 con una sola interrupción, eliminó en los últimos años a prácticamente toda la oposición política mediante encarcelamientos, exilios forzados y cancelación de partidos.
La Unión Europea, que mantiene a Nicaragua en su lista de países con régimen de sanciones por violaciones a los derechos humanos, no envió misión observadora oficial. La OEA tampoco participó en la supervisión del proceso. Las únicas organizaciones presentes fueron misiones de observación de países aliados del gobierno como Cuba, Venezuela y Rusia, lo que resta credibilidad independiente al proceso.
La oposición en el exilio
Cientos de líderes políticos, periodistas, intelectuales y activistas nicaragüenses viven en el exilio, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos, España y Argentina. Desde el exterior, coordinan campañas de denuncia y presión internacional, pero reconocen que su capacidad de influir en la política doméstica es limitada mientras Ortega controla todos los poderes del Estado.
El gobierno nicaragüense mantiene al país en el Nivel 3 de la escala de seguridad del Departamento de Estado de EE.UU., no por crimen callejero sino por represión política, restricciones a libertades civiles y detención arbitraria de extranjeros y locales. Viajar a Nicaragua implica riesgos legales y políticos que pocos turistas están dispuestos a asumir, lo que ha deprimido dramáticamente el sector turístico.
Economía y aislamiento
El aislamiento internacional tiene un costo económico real para Nicaragua. La inversión extranjera directa cayó un 40% entre 2022 y 2025, y las remesas de la diáspora —principalmente desde Estados Unidos y Costa Rica— son el principal soporte de la economía. El PIB per cápita de Nicaragua es el segundo más bajo de América Central, después de Haití.
