San Salvador: El Salvador publicó el martes 15 de abril de 2026 una nueva ley que permite a las autoridades condenar a cadena perpetua a menores de edad a partir de los 12 años por delitos graves, incluyendo homicidio, terrorismo y violación. La norma, que entró en vigor el 26 de abril, es parte de un paquete de medidas de mano dura impulsadas por el presidente Nayib Bukele en el marco del régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.
La medida fue aprobada mediante una reforma constitucional ratificada por la Asamblea Legislativa el 26 de marzo de 2026, controlada de manera abrumadora por el partido Nuevas Ideas de Bukele. Según datos oficiales, más de 91.500 personas han sido detenidas desde que entró en vigor el estado de excepción, que ha sido renovado 49 veces consecutivas. Organizaciones de la sociedad civil estiman que la población penitenciaria supera los 130.000 reclusos, y que al menos 500 personas han fallecido bajo custodia estatal entre el inicio del régimen y marzo de 2026.
Críticas de organismos internacionales de derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que imponer cadena perpetua a niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana y constituye una pena desproporcionada, dado que la reinserción social debe ser el objetivo último de las sanciones penales. Human Rights Watch documentó en un informe de 2024 detenciones arbitrarias, torturas y tratos inhumanos contra menores bajo el estado de excepción. El Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) publicó su informe final señalando que podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad.
El argumento del gobierno
El gobierno de Bukele defiende el estado de excepción argumentando que ha desmantelado las pandillas MS-13 y Barrio 18, que dominaban El Salvador, logrando una reducción del 98% en la tasa de homicidios en el período 2015-2024. En 2025, El Salvador tuvo la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con aproximadamente el 1,7% de su población en prisión, el doble que el segundo país con mayor tasa.