Madrid: El gobierno de España aprobó en febrero de 2026 un plan de regularización extraordinaria que beneficiará a aproximadamente 300.000 personas en situación irregular en el país, la mayoría provenientes de América Latina. La medida, anunciada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es la más amplia en este tipo desde el proceso de regularización de 2005 durante el gobierno de Zapatero.
Podrán acogerse al plan quienes lleven al menos tres años en situación irregular en España, acrediten actividad laboral o formativa y no tengan antecedentes penales. Los beneficiarios recibirán un permiso de residencia y trabajo de dos años renovable. Los países con mayor número de potenciales beneficiarios son Colombia, Venezuela, Ecuador, Honduras y Bolivia.
Contexto demográfico
La regularización responde a una necesidad estructural del mercado laboral español. España envejece rápidamente, con una tasa de fertilidad de 1.2 hijos por mujer, la segunda más baja de la Unión Europea. El país necesita trabajadores para sostener sus sectores de hostelería, construcción, agricultura y cuidado de personas mayores, sectores donde la mano de obra inmigrante es indispensable.
El gobierno argumenta que la regularización incrementa la recaudación de la Seguridad Social, reduce la economía sumergida y mejora las condiciones laborales de los trabajadores que pasan a cotizar legalmente. Estudios del Banco de España han demostrado que la regularización de 2005 tuvo un impacto fiscal neto positivo para las arcas públicas.
Reacciones políticas
La medida generó una fuerte polémica política. El Partido Popular y Vox se opusieron, argumentando que el plan enviaría un mensaje de "efecto llamada" a nuevos migrantes irregulares. El gobierno respondió que la regularización es una medida de integración necesaria para personas que ya están en España, trabajan y contribuyen a la sociedad, y que no altera las políticas de control de fronteras externas.
